En una carta enviada a los senadores de la Comisión de Minería y Energía se plantean la necesidad de reconsiderar las propuestas actuales. Entre quienes suscribieron la misiva, destacan los profesores Matías Negrete y Samuel Córdova. La Tercera (Online).
Un grupo de once académicos y expertos del sector eléctrico envío una carta a los integrantes de la Comisión de Minería y Energía del Senado, donde plantean su preocupación por el diseño regulatorio, así como los eventuales impactos asociados, del proyecto de ley que amplía el subsidio eléctrico, por lo que indican la necesidad de reconsiderar las propuestas actuales de la iniciativa.
La misiva fue firmada por Matías Negrete, director del Departamento Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica y director general de la consultora Vinken; Daniela González, directora de Domo Legal; Ramón Galaz, director ejecutivo de Valgesta Nueva Energía; Andrés Romero, director de Valgesta Nueva Energía; Daniel Salazar, socio director del Grupo energiE; Nicolás Figueroa, profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad Católica; Samuel Córdova, profesor asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica UC; Rodrigo Quinteros y Sebastián Mocarquer, consultores de Moray Energy Consulting; Jorge Moreno, director de Inodú; Catalina Medel, directora del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile y directora de Regulación de ENC Consultants, y Daniel Olivares, profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez.
«Si bien reconocemos y apoyamos la necesidad de otorgar y ampliar esta ayuda, en especial para proteger a las familias más vulnerables, consideramos que los principios de diseño propuestos y la forma en que se ha llevado adelante, alteran los compromisos regulatorios, y podrían afectar la percepción de riesgo en la inversión y la competitividad de la industria energética nacional, un pilar fundamental de la economía chilena, lo que no es deseable para un país que necesita aumentar su crecimiento», señala la carta.
Y agrega: «En Chile, la participación de académicos y expertos especializados en políticas públicas del sector energético ha sido históricamente un aporte esencial para decisiones respaldadas en base a información objetiva y evidencia técnico-económica. Esta tradición ha permitido enriquecer los debates con visiones diversas, análisis rigurosos y soluciones que equilibran las necesidades sociales, económicas y ambientales del país. En este caso particular, la opinión mayoritaria que se ha formado la academia y los expertos respecto a este proyecto de ley, refleja una preocupación respecto tanto del diseño como de sus impactos asociados, lo que subraya la necesidad de reconsiderar las propuestas actuales».
El texto enviado se centra en tres aspectos: el impacto regulatorio basado en el principio de autocontención, pues afirman que «alteran los principios básicos del mercado competitivo, generan incertidumbre jurídica y, sobre todo, transgreden principios constitucionales básicos sobre los que se cimenta nuestro orden público económico», además de señalar que el sistema de financiamiento propuesto «sienta un precedente inadecuado que podría replicarse en otras industrias cuando se requieran financiamientos extraordinarios. Esto podría debilitar aún más la competitividad de la economía chilena en su conjunto».
También sostienen la suficiencia del IVA adicional, que podría «ser superior a la proyectada por el ejecutivo, entregando mayor holgura de recursos, al considerar mayor granularidad en los datos y efectos del subsidio en el presupuesto de los hogares».
Por ello, la carta concluye solicitando al «Gobierno y al Congreso Nacional a reconsiderar los principios de diseño del proyecto de ley y reiteramos la disposición de especialistas del sector para colaborar en este proceso, ofreciendo análisis objetivos y propuestas viables que beneficien a todos los actores involucrados».